Me sale siempre del mismo modo. Cada vez que hablo de nuestro gobierno
digo NUESTRO. Más bien que yo no tomo decisiones de gobierno, tampoco hay motivo para que se me consulte ni
he solicitado nunca la atención de un funcionario a una opinión mía.
No lo necesito. Desde 2003 se viene haciendo mucho de lo que soñé toda
mi vida y no tengo que decir que en muchos aspectos se fue aún más allá de lo
que realmente creí que se pudiera, hacer. Basta con pensar en los 600 genocidas
condenados, las puertas de la Rosada abiertas a Madres, Abuelas e HIJOS, la derrota del ALCA, la AUH, el matrimonio
igualitario, la ley de identidad de género. Cualquiera de estas conquistas las
pensábamos en los ´70 como consecuencia de una revolución triunfante antes que
de un gobierno que llegó al poder con el 22% de los votos. Pero este, nuestro
gobierno, tuvo la virtud de saber que sus decisiones si bien no siempre
convocaban multitudes en su reclamo y apoyo se apoyaban en décadas de historia
de lucha, con picos en el ´45/55 y el ´73.
No soy un peronista de toda la vida, pero si hay algo que confirmó mi
decisión de identidad política fue este rescate de su vocación transformadora,
de inclusión, democrática y de reparación popular que el kirchnerismo supo concretar
en políticas de gobierno.
Así que cada vez que hablo de este gobierno digo nuestro. Es más, no
digo que “gobierna”, “nosotros
gobernamos”, porque las decisiones que se fueron tomando en esta década fueron
despejando cualquier duda a propósito del camino elegido: si algo no resultó no
fue por complicidad con el poder
corporativo y oligárquico. Pudo haber errores de momento, expectativas de
acompañamiento social no siempre logradas. Pero porque los errores no nacieron
de traiciones sino de nuestra vocación transformadora, hasta derrotas
temporarias como la de la 125, terminaron en mayor convocatoria popular como en
el Bicentenario y en la explosión
militante, sobre todo entre jóvenes, que se produjera en la misma época.
Claro que no todos quienes aceptan nuestro gobierno tienen las mismas
ideas, ni es lógico que esto pase. Así como algunos coincidimos en casi todo, no
esperamos grandes beneficios en lo inmediato y apostamos a futuro, hay quien
acompaña sin analizarlo mucho, quien nos acepta por costumbre o porque ve que
hay capacidad y decisión para gobernar.
Y estos últimos no son los menos pero sí quienes más van a
exigirnos. sea porque viven en
condiciones muy precarias y sólo nuestra gestión les permite sobrevivir, sea
porque pertenecen a algunos de los sectores que más se ha beneficiado de
nuestro gobierno y temen perderlo todo si nos sucediera alguien de signo
contrario, sea porque están entre los grandes beneficiarios, pero aún no se han
consolidado en la disputa empresarial, el caso es que su adhesión estará ligada
a la eficacia de nuestra gestión, a los beneficios que ella les acarree y
–cuando el beneficio pueda mermar- a nuestra capacidad para mostrar lo
inevitable de las decisiones y el beneficio posterior que acarrearán. No todos
quienes no rechazaron la nacionalización de YPF, la estatización de las AFJP,
la ley de medios audiovisuales, o la
liquidación del ALCA, eran kirchneristas convencidos, mucho menos militantes.
Las decisiones que se tomaron, la preparación de las mismas, la argumentación,
la adhesión de personalidades vinieron a sumarse a valores acumulados por
generaciones para que estas medidas cuenten con apoyo no kirchnerista. Esto es,
en términos muy prácticos, lo que hace posible el frente nacional, la gobernabilidad, la profundización el modelo.
Allí se asientan el consenso cotidiano y
la reedición de triunfos electorales.
Ahora bien, tres conflictos indican, mucho más que las últimas
elecciones, que nuestro gobierno y con
él todo nuestro pueblo están frente a una nueva coyuntura: el alzamiento policial, el
aumento constante de precios impulsado por las empresas formadoras y la
oligarquía a fin de contrarrestar la redistribución de ingresos y el boicot que llevan a cabo las empresas
transportadoras de energía. Con cada uno, para seguir adelante, es
necesario hacer lo que se hizo durante estos diez años: tomar decisiones de
fondo hacia más soberanía, inclusión, desarrollo y distribución.
Si sostenemos el proyecto de inclusión,
de redistribución de la riqueza, de recuperación de solidaridad social, de
redefinición de las prioridades de desarrollo en función de consolidar la
producción nacional, de ir por el pleno
empleo en blanco, asociados de diversa forma con los países de América
Latina, en la medida que avancemos por
ello vamos a enfrentar acciones cada vez
más violentas y desestabilizadoras de parte de quienes e beneficiaron del país
de la exclusión, de la especulación, el endeudamiento, la expulsión laboral y
social. Los procesos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia son la confirmación
de esa tendencia que desde 2008 aumenta
su virulencia en nuestro país.
Por otra parte, no podemos esperar que nuestro pueblo no aspire a una
estabilidad y previsibilidad relativas tras soportar los años de genocidio y la
sucesión neoliberal. Fueron décadas
dedicadas de destruir toda la cultura de soberanía, rebeldía y solidaridad que
fuimos gestando desde nuestras luchas por la independencia. Llevamos sólo una
de revertir aquello. Pero la estabilidad, como bien sabemos, no nace principalmente
de las buenas intenciones ni del marketing, sino de seguir adelante con el
proceso de transformación que haga cada vez más fuerte y unido a nuestro pueblo y debilite cada vez más a
quienes medran en la división del pueblo, en la violencia y el autoritarismo.
Los monopolios de la producción y el comercio y agroexportadores
arrecian con su política histórica: generan ganancias y redistribuyen a su
favor a través del aumento de precios antes que el de la producción. No invierten porque no les interesa el desarrollo nacional sino la ganancia inmediata y la exportación de divisas adonde estén a salvo de políticas distributivas. Los
acuerdos de precios parecen una parte sustancial para neutralizar sus efectos
distributivos y políticos (que se hable de inflación en lugar de presión
distributiva ya es una derrota parcial). También las acciones militantes de
control en la comercialización, pero sin formas de producción, distribución y
comercialización en manos del Estado parece casi imposible ir a fondo con el
problema. Por el contrario, la experiencia indica que cada nueva medida nuestra
termina en mayores precios y a la vez más apropiación de fondos del Estado por parte
de estas empresas.
Con la sedición de las policías provinciales y el boicot de EDESUR Y
EDENOR, conspiran contra la unidad de
nuestro pueblo, contra la unidad entre nuestro pueblo y nuestro gobierno y
tienden a debilitar a la democracia y
sus instituciones.
En el caso policial es de celebrar que casi no quede en el gobierno que
se refiera al “reclamo salarial”: liberar zonas, movilizarse con uniforme y
armas contra los gobiernos constitucionales, defender por estos medios las
cajas de la trata, el narcotráfico y la piratería es exclusivamente sedición. Sin
embargo esto es sólo una parte del problema: coexisten en nuestro pueblo dos
sensaciones igual de ciertas: sentirse rehenes de estas policías cuasi mafiosas
y sentir que su seguridad, con estas policías, está librada poco menos que al
azar.
Es algo diferente a la ya conocida acción de las fuerzas represivas
contra el pueblo y el aprovechamiento del control de delito para manejarlo
desde la institución. Se trata de una nueva estrategia del imperialismo y
grupos locales a partir del balance de las dictaduras de los 70/80. La utilización
de las FFAA contra procesos populares deviene en dictaduras y en la negociación
obligada entre el gran capital y los militares. La fragilidad de las democracias
post dictatoriales hizo innecesario y peligroso el acceso de las FFAA al poder.
Basta con pensar en Malvinas, o las dificultades
que el proceso o Pinochet le crearon a algunos intentos privatistas. En la
primera década del siglo XXI, el uso de las policía para desestabilizar
gobiernos cobró un sentido estratégico, cumple con el debilitamiento del gobierno
popular sin que las policías puedan ilusionarse con acceder al poder. Algunos
partidos, reciclados o vaciados de sus objetivos históricos, se irían fortaleciendo
como alternativa para que le Gran Capital recupere el control institucional
perdido.
La denuncia y la crítica desde el Estado no alcanzan para resolver esta
realidad latinoamericana de policías comenzando a tomar el papel de las FFAA en
lo que hace a imponer políticas a los poderes constitucionales. Menos cuando se
fueron a sus casas con aumentos obscenos para trabajadores de la salud, la
educación u otros sectores públicos.
Es necesario por un lado redefinir el rol de las policías retomando la doctrina que alumbrara en 1973:
policías sometidas a la ley y los poderes constitucionales para resguardar al pueblo en ejercicio de sus
derechos soberanos. Y sancionar hasta
donde sea necesario a los responsables y ejecutores de las acciones sediciosas
que no casualmente confluyeron hacia el 19 se diciembre en casi todo el país.
Uno y otro camino resultan necesarios, tanto
para evitar una repetición ampliada como para reestablecer aquello que
se inició con la bajada de los cuadros: la autoridad del poder político como
garante de democracia y convivencia.
En cuanto al boicot de las transportadoras de energía, el primer punto
es establecer que no se trata de impericia, desidia o falta de previsión:
se trata de un boicot a un modelo que las debilita como la fijadoras de
políticas públicas, especuladoras financieras y exportadoras de divisas. La inversión
de las empresas mal llamadas energéticas no está ni estuvo orientada a optimizar
la capacidad de transportar y distribuir energía sino al manejo de dinero, el
condicionamiento de desarrollos productivos y la realización de sus ganancias
donde les resulte más conveniente. Si se quedaron -o en algún caso cambiaron de
mano-cuando el gobierno demostró que haría lo que prometió fue por los subsidios
y el limitado control a su acción e inversión por parte del Estado.
De todos modos, aunque son inmensos los daños económicos que causa el
cuello de botella energético, el costo mayor es social y político.
En medio de las fiestas, hemos visto multiplicarse por cientos los
cortes y fogatas con que diferentes barrios protestan contra la falta de
energía eléctrica. Cada hora que pasa sin energía en las casa mientras el clima
ofrece temperaturas superiores a los 30 grados es sufrimiento para los más
pobres, pérdidas económicas que se podrán compensar, pero sobre todo pérdidas
en lo afectivo, en la autovaloración de cada uno y de cada comunidad que no se
pueden reparar ni con explicaciones ni con resarcimientos futuros. No hay solución
intermedia: o se recuperan las empresas por parte del Estado, se dice
claramente al pueblo que esto es indispensable para vivir con soberanía u
bienestar, se fija un cronograma respecto a los problemas que se padecerán
hasta que las obras necesarias terminen con la crisis o nos estaremos mostrando
como impotentes frente al boicot empresario.
La mayor parte dela oposición nos ha demostrado, frente a cada uno de estos
conflictos, que prefiere acompañar estas situaciones con el riesgo de acceder
al 2015 con las manos atadas antes que unirse a nosotros para avanzar en soluciones
de fondo. Pero esto no necesariamente será así si logramos debatir y concertar
de cara al conjunto de la sociedad. La promoción de un paquete de leyes para
cada uno permitirá volver al fijar la agenda política y potenciar acuerdos con
sectores más comprometidos con la cuestión nacional y la institucionalidad.
Al cerrar el año con estas disyuntivas, hay quien cree que este ha sido
un año de retrocesos. No es el caso, como cada año desde 2003, el
posicionamiento del proceso popular depende de nuestras decisiones antes que de
los obstáculos que nos pongan. Si podemos superarlos estaremos fortalecidos,
porque habremos probado una vez más que la inclusión sólo puede avanzar con un
gobierno que priorice el pueblo a las corporaciones. Si en esta superación
fuimos capaces de convocar y movilizar estaremos consolidando la base social
y la organización poular necesarias para seguir adelante.
