La noticia golpea: la madre de la chica violada en Entre Ríos retiró su solicitud de que se le practique aborto no punible.
Es necesario decirlo sin atenuantes; esto buscaban con la dilación y judicialización el Ministro de Salud Hugo Cettour y los profesionales que evitaron el aborto. Ganar tiempo para que entre en juego el apriete eclesiástico/ conservador.
¿Que se habrá ofrecido a la familia a cambio de la salud de la chica?
¿Costear su mudanza y su alojamiento en nuevo destino? Comprensible con la difusión que tuvo el caso y cómo la marcará para toda la vida.
¿Una casa digna y algunos pesos para bancar los primeros años de convivir con el bebé? Comprensible, ninguna chica de 11 años cuenta con los recursos materiales como para hacerlo
¿Su entrega en adopción a una familia "caritativa? Claro: ¿quién dijo que los conservadores no son comprensivos con las dificultades que pudiera tener la chica?
¿Una pensión para la Madre de la chica? Y, si va a tener que hacerse cargo del nieto y del grado de trauma que están promoviendo en su hija.
Toda mi comprensión para esa familia: creyeron que iban a ser incluidos, que ante la violación de su hija iban a recibir ayuda para que, si bien no puede cumplir su deseo de "volver a ser como antes", al menos quede lo menos traumatizada posible.
Creyeron que se iban a cumplir las leyes y se iba a proveer salud, que la chica iba a contar con el apoyo necesario como para pasar a los 11 años por el trance de un aborto. En cambio recibieron de los profesionales de la salud judicialización, exposición mediática. El Ministro de Salud no se conformó con ser prescindente: se refirió a la chica de un modo que no usan los ganaderos para sus animales hembra. El juez se permitió considerar que "no tiene tiempo para expedirse rápido". Y cumplió: ya lleva días sin aplicar una ley taxativa.
Y todas las corporaciones médicas guardaron silencio ¿Cuándo se van a manifestar de acuerdo a la ley, a los tratados internacionales, al juramento hipocrático "en principio no haré daño"? Qué pasa con la formación de esos profesionales que no se ofrecen por centenares para hacer lo que los malos profesionales intervinientes no quisieron hacer: un aborto porque la ley dice que en estos casos debe hacerse.
Ningún reproche a la familia: todos los reproches para instituciones que siguen a contramano del proceso de inclusión abierto en 2003.
Va de suyo que hay una única solución de fondo: aborto legal, gratuito y con asesoría y en esto están en mora diputados y senadores. Pero así como la reapertura de los juicios no terminó con las rémoras dictatoriales, es necesario trabajar sobre todos los espacios institucionales para que las mujeres y las niñas sean restituidas a su lugar de derecho.
La pasada navidad, en la Sala VII de la Cámara del Crimen los jueces Mauro Divito y Rodolfo Pociello Argerich, sobreseyeron a un adulto que se sirvió sexualmente de una chica de 13 años porque “el contacto sexual investigado se dio en un contexto de noviazgo (…) en el que la menor contaba con cierta madurez sexual y no se vio forzada” por él. ¿Quién hizo la asesoría profesional en ese juicio? ¿Qué corporación omitió iniciar una acción contra él o la profesional por falta de ética y idoneidad?
Niñas forzadas a parir, niñas responsables de que los adultos no las abusen, asesorías iatrogénicas, femicidios habilitados por fallos ¿qué mundo se está construyendo en algunos espacios judiciales y profesionales?¿qué buscan matar en ellas?
La analista infantil Alice Miller dice que la violencia que despliegan los adultos es producto de la que sufrieron por parte de sus padres en su infancia. Hay mucho que cambiar en las parejas, las familias, los hombres y mujeres de nuestro país para desterrar la violencia contra mujeres.
Pero a propósito de fenómenos sociales, la función paterna remite sobre todo a las instituciones. Es ese el espacio en el que todos vemos convalidarse las referencias de lo bueno y lo malo, lo que se debe y no se debe hacer.
Por eso, si se busca un cambio drástico, que aporte a cambiar hábitos, conducta y valores –paradójicamente- a largo plazo, el espacio central sobre el que deben trabajar los gobernantes son las instituciones, su material humano: sus funcionarios.
La violencia contra la mujer –incluidas las niñas- sigue. Las leyes que buscan su inclusión, el respeto como sujetos de derecho, también. Pero es hora de una acción sistemática sobre escuelas, estructuras de salud, fiscalías y juzgados para que NADIE entre sus funcionarios ejerza la violencia de sustraerse a sus dictados.
Será un paso, un paso para afirmar la igualdad en la diversidad, para que la violencia salga de nuestras vidas, abandone nuestro entorno.
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